La emisión sin respaldo: el impuesto que nadie aprobó

La devaluación constante del bolívar no es un fenómeno natural ni un designio del destino, sino la consecuencia previsible de una decisión administrativa reiterada: la emisión de moneda sin que exista un crecimiento real de la producción nacional que la respalde. Cuando la cantidad de dinero en circulación aumenta más rápido que la cantidad de bienes y servicios que ese dinero puede comprar, el resultado inevitable es la pérdida de valor de cada unidad monetaria. Milton Friedman, uno de los economistas que con mayor rigor estudió este fenómeno, sostuvo que la inflación es, en todo tiempo y en todo lugar, un fenómeno monetario: no depende de la voluntad de los comerciantes ni de la especulación del mercado, sino de la proporción entre la masa monetaria y la riqueza efectivamente producida por una sociedad. Bajo esa premisa, cada nueva emisión que no corresponde a un aumento equivalente de la producción venezolana constituye, en esencia, una dilución del esfuerzo de quienes ya poseen bolívares. El ciudadano que trabaja y ahorra enfrenta una pérdida de valor en su esfuerzo por factores que escapan a su control. 

Conviene detenerse en el mecanismo mismo, pues la claridad conceptual es la mejor defensa frente a la confusión deliberada. La teoría cuantitativa del dinero, que Friedman ayudó a revitalizar en el siglo pasado, explica que el nivel general de precios se ajusta en proporción a la cantidad de dinero disponible cuando la producción permanece constante o crece a un ritmo menor. Si la economía no genera más bienes, pero circula más dinero, el precio de cada bien debe subir para que la ecuación se equilibre; ese ajuste se llama inflación. En Venezuela, la ausencia de un aparato productivo capaz de sostener el ritmo de la emisión monetaria convierte a esta última en la causa principal, aunque no única, del deterioro sostenido del poder adquisitivo. No se trata, entonces, de un problema de escasez de billetes, sino de exceso de ellos frente a lo que la economía real puede ofrecer.

Este mecanismo, sin embargo, no se agota en la teoría económica: tiene una dimensión moral y política que merece ser subrayada con claridad. La inflación funciona, de hecho, como un impuesto directo sobre todos los ciudadanos, pues quien emite moneda sin respaldo se apropia silenciosamente del valor que esa moneda tenía antes de multiplicarse. A diferencia de otros tributos, este impuesto no distingue entre quien tiene mucho y quien tiene poco; golpea con mayor severidad a quien menos posee, porque los salarios y los ahorros modestos son los primeros en perder capacidad de compra frente a los precios que suben cada semana. El pensionado, el asalariado, el pequeño comerciante, pagan este impuesto todos los días sin que se les haya notificado, sin recibo, sin fecha de vencimiento, sin posibilidad de reclamo ante autoridad alguna. Es, en suma, la forma más silenciosa y quizás más injusta de tributación que puede imponerse sobre un pueblo.

Y es precisamente en ese punto donde la cuestión económica se convierte en una cuestión de principios republicanos. Ningún impuesto, cualquiera sea su forma, puede imponerse legítimamente sin el consentimiento de quienes han de pagarlo, expresado a través de sus representantes libremente elegidos; esta ha sido, desde los orígenes del pensamiento republicano, la condición mínima de todo gobierno justo. La emisión monetaria sin respaldo, al operar como un impuesto encubierto, elude precisamente esa condición: no pasa por la deliberación de una asamblea representativa, no se somete a debate público, no se justifica ante el ciudadano que habrá de sufragarlo con su salario devaluado. Se trata, en consecuencia, de una tasación sin representación, impuesta desde el poder sobre una ciudadanía que jamás fue consultada ni informada de sus verdaderas consecuencias. Restituir la República no es solo restituir elecciones libres; es también restituir el principio elemental de que ningún ciudadano debe pagar tributos que no ha consentido.

Estas reflexiones adquieren hoy una urgencia que el sentido común no permite ignorar. El terremoto que recientemente sacudió a Venezuela ha dejado a numerosas familias con viviendas dañadas, necesidades urgentes y recursos escasos para atender lo esencial, una tragedia que exige del país entero solidaridad y prudencia. En ese contexto, cualquier política que continúe erosionando el poder adquisitivo mediante nueva emisión monetaria, sumada a la carga tributaria existente, no hace sino agravar el sufrimiento de quienes ya enfrentan pérdidas materiales y humanas difíciles de calcular. El sentido común, esa facultad que no requiere de tratados eruditos para reconocer lo evidente, indica con sencillez que ningún país debería aumentar la carga sobre sus ciudadanos cuando ha declarado una emergencia nacional; hacerlo es sumar una herida administrativa a una herida física. Quienes añoramos una Venezuela regida por la ley, por la representación genuina y por el respeto a quien produce y ahorra, no pedimos sino aquello que la razón y la justicia más elemental reclaman: que el esfuerzo de los venezolanos sea protegido, no diluido, y que ningún tributo, visible o encubierto, se imponga jamás sin el consentimiento de quienes han de sostenerlo.

Por Alonso S. Maldonado Blaubach

Coordinador de Finanzas

Movimiento Republicano

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https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Republicano_(Venezuela)