Debo comenzar por el reconocimiento, porque estas líneas no existirían sin el artículo «Al día siguiente, del nuevo gobierno democrático», que don Julio César Hernández publicó en Táriba el 13 de septiembre de 2026. Su ejercicio de prospectiva, consistente en preguntarse qué país recibirá el nuevo gobierno democrático al día siguiente de asumir el poder y en redondear esa consulta con su propio criterio, tiene el mérito de trasladar la discusión desde la consigna hacia la gestión, que es donde verdaderamente se juega el destino de una república. 

Con el oficio de quien conoce el Estado por dentro, don Julio hace el inventario de las tareas que nadie podrá eludir, entre ellas la reinstitucionalización del Banco Central de Venezuela y la suerte de una moneda destrozada por las devaluaciones, el servicio eléctrico nacional, el tratamiento de la deuda pública externa, la recuperación de PDVSA como ente de alta gerencia, el plan de vida que habrá que ofrecerle a la diáspora que quiera retornar, el censo como condición de una distribución justa del Situado Constitucional, el dilema entre descentralizar y centralizar, el delicado entorno militar y policial y, sobre todo, el reflotamiento de la meritocracia. Concurro con él en todo ese inventario y no pretendo enmendarlo, sino continuarlo. Mi convicción es que el día siguiente no lo decidirá el catálogo de problemas heredados, que ya conocemos de sobra, sino tres asuntos que suelen quedar fuera del debate, a saber, quiénes ejecutarán esa agenda, bajo qué incentivos lo harán y con qué concepto de la ley.

Mi primera preocupación es la abstención de los mejores. Los aristos venezolanos, entendido el término en su sentido clásica y no hereditaria, la de los más preparados, los más probos y los más capaces, mantienen un rechazo profundo, casi visceral, a involucrarse en la política del país, porque la han visto degradarse durante un cuarto de siglo hasta considerarla oficio indigno y calculan, no sin razón, el costo reputacional, patrimonial y familiar de participar en ella. El problema es aritmético antes que moral, pues, cuando los mejores se apartan, el espacio no queda vacío, sino que lo ocupan quienes ven en el Estado una oportunidad patrimonial. De allí que el llamado de don Julio a reflotar la meritocracia me parezca medular, aunque insuficiente si no viene precedido de una tarea más difícil y menos vistosa, la de persuadir a los venezolanos de mayor valía de que la política es un deber cívico y no una contaminación. No habrá reconstrucción posible con el talento nacional sentado en la tribuna.

Mi segunda preocupación es más incómoda y consiste en saber de qué modo identificaremos al corrupto a tiempo, una vez producido el cambio, y no años después, cuando el daño esté consumado y el patrimonio fuera del país. El riesgo cierto no es que el nuevo gobierno fracase por incapacidad técnica, sino que repita el patrón que venimos padeciendo desde hace décadas, el de entrar al gobierno para beneficio propio y enriquecerse a costa del presupuesto y de la Hacienda Pública. Confiar en la virtud personal de los designados sería ingenuo, porque la corrupción no se combate con exhortaciones morales, sino con diseño institucional, a saber, declaraciones juradas de patrimonio al ingreso y al egreso que sean efectivamente verificadas y no simplemente archivadas, un presupuesto abierto y trazable hasta el último desembolso, el ingreso a la función pública por concurso, contrataciones competitivas con publicidad obligatoria, una contraloría y una judicatura independientes del Ejecutivo y una prensa libre, que en nuestra historia ha detectado más corrupción que todos los órganos formales de control juntos. 

A ese diseño agrego una convicción que no siempre resulta popular, y es que las remuneraciones de los empleados públicos deben ser elevadas, graduadas según la jerarquía y la responsabilidad del cargo y suficientes para ubicar a su titular en la clase media y, en los niveles superiores, en la clase media alta, medidas por los estándares de nuestra civilización occidental, porque un funcionario bien pagado tiene mucho que perder y poco que ganar delinquiendo, y porque no existe otra manera de atraer talento al gobierno que está por formarse cuando se tiene enfrente a la empresa privada y a las oportunidades que la diáspora ya encontró afuera. Esta política, sin embargo, exige una condición previa y severa, que es un criterio muy claro sobre quiénes participarán en la transición, pues un sueldo alto en manos equivocadas no previene el saqueo, sino que únicamente lo encarece.

Detrás de todo lo anterior hay una concepción de la ley que conviene hacer explícita, y es que la ley no es otra cosa que la organización colectiva del derecho individual a la legítima defensa de la persona, la libertad y la propiedad, de modo que, cuando se la aparta de ese fin, no se vuelve simplemente ineficaz, sino que se pervierte y se convierte en instrumento de expoliación legal, esto es, en el mecanismo mediante el cual se toma de unos, con la fuerza de la ley y bajo apariencia de legalidad, lo que legítimamente les pertenece para entregarlo a otros. 

Propongo, como prueba permanente para el gobierno que viene, un criterio de detección notablemente práctico, que consiste en observar si la ley  hace en favor de un ciudadano o de un grupo aquello que, ejecutado por ese mismo ciudadano, constituiría delito, porque, si la respuesta es afirmativa, estamos ante expoliación, aunque lleve número de Gaceta Oficial. Aplicado a la moneda, ese criterio arroja una conclusión inmediata, ya que la emisión de dinero nuevo para financiar el gasto convierte la inflación en un tributo encubierto que nadie discutió, que nadie votó y que no tiene representación alguna en el cuerpo legislativo, de manera que no habrá reglas estables mientras no haya moneda estable, y por esa misma razón la emisión de moneda nueva debería requerir la aprobación de la Asamblea Nacional por mayoría calificada. 

En cuanto a la deuda pública externa, mi posición se identifica con la del economista Miguel Rodríguez, responsable de la única reestructuración soberana exitosa que ha realizado el país, quien sostiene que la deuda acumulada durante los gobiernos ilegítimos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro es de naturaleza enteramente distinta a la de 1989, pues Chávez recibió el mayor ingreso petrolero de nuestra historia y no tenía necesidad económica alguna de endeudar al país, y, sin embargo, se emitieron bonos de la República y de PDVSA con cupones de entre 10% y 14% anual que, junto al control de cambio de Recadi y Cadivi, terminaron financiando corrupción, fuga de capitales y operaciones especulativas, razón por la cual propone una quita no inferior al 90%, un período de gracia amplio y una negociación conducida por venezolanos. Suscribo ese planteamiento y, muy especialmente, su corolario político, según el cual la decisión corresponde al próximo gobierno legítimamente electo, porque reconocer por su valor facial una deuda nacida de la corrupción sería expoliación legal en su forma más pura y más costosa, es decir, el traslado del producto del saqueo al lomo de dos generaciones de venezolanos.

No escribo desde la especulación, pues en mi esfuerzo por el Movimiento Republicano sigo tropezando con muchos venezolanos a quienes sí interesa la política, pero como vía de enriquecimiento personal y no como servicio, de manera que llegan con la pregunta equivocada, no qué puede construirse, sino qué puede obtenerse. Son pocos, valiosos pero pocos, los que se acercan con el propósito de edificar una república donde todos seamos iguales ante la ley y donde contemos con legisladores capaces de dictar leyes justas. Esa es la medida real de nuestra dificultad y la razón por la cual el escrutinio preventivo que propone don Julio César Hernández me parece un acto de responsabilidad republicana antes que un ejercicio de imaginación.

La conclusión que extraigo es que la república no se decreta, sino que se merece, y se merece atrayendo a los mejores en lugar de resignarse a su ausencia, pagándole al servidor público lo que vale su trabajo, vigilándolo con instituciones que no dependan de su bondad personal, impidiendo que el Banco Central grave a los ciudadanos sin representación ni consentimiento y negándose a reconocer como deuda legítima lo que fue, en su origen, expoliación. El día siguiente no lo definirá la magnitud de los problemas heredados, sino la calidad moral e intelectual de quienes asuman la tarea de resolverlos.

Alonso Maldonado Blaubach, Coordinador de Finanzas del Movimiento Republicano. Profesional del seguro con más de tres décadas de experiencia en el mercado venezolano, fue Presidente de C.N.A. de Seguros La Previsora y de Seguros Los Andes. Es egresado en Ingeniería de Northeastern University, Boston. 

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https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Republicano_(Venezuela)