Hace veintisiete años los venezolanos nos dimos una Constitución concebida en libertad y consagrada al principio de que el poder emana del pueblo y a él se debe. Durante más de dos décadas, sin embargo, ese texto fue citado con solemnidad por quienes lo violaban a diario, hasta convertirse en un elemento representativo dentro de una administración que gobernó priorizando sus propios criterios sobre el orden legal. Hoy nos encontramos ante una encrucijada histórica, en la que se pone a prueba si una nación así concebida puede sobrevivir a su propio naufragio institucional. La tesis de estas líneas es sencilla, y consiste en que la Constitución y las leyes son letra muerta si no existen ciudadanos con la intención y el guáramo necesarios para hacerlas cumplir. Ningún texto jurídico, por perfecto que sea, se defiende solo, porque lo defienden las personas o no lo defiende nadie.

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 cerró un capítulo del gobierno, pero no abrió automáticamente el de la democracia. El poder sigue en manos de una presidencia encargada surgida del mismo aparato que oprimió al país, ahora plegada a una agenda que se define en buena medida desde Washington. El secretario de Estado Marco Rubio ha trazado una ruta en tres etapas, que son estabilización, recuperación y transición, y la propia Delcy Rodríguez prometió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que habrá elecciones, aunque sin ponerles fecha. 

Mientras tanto, las mesas de diálogo continúan avanzando a un ritmo pausado los analistas ya hablan de comicios para finales de 2027 o más allá, y el petróleo ocupa el centro del tablero. Conviene decir sin tapujos que estabilizar no es lo mismo que transitar, y que un país puede tener vuelos a Miami y licencias petroleras sin haber recuperado su república. Debemos estar claros en que la transición tiene un costo económico y exige recursos de toda índole, porque no se reconstruyen tribunales, servicios públicos ni un sistema electoral confiable a punta de buenas intenciones. Ese costo no lo va a pagar el contribuyente estadounidense, así que tendrá que salir de la riqueza de Venezuela, y de allí la importancia del acuerdo petrolero que la administración de Trump viene cerrando con la presidencia encargada. 

Pero el petróleo enterrado no vale nada, pues solo se convierte en riqueza cuando se extrae, se transporta y se vende. Washington invitó a las grandes petroleras a venir a invertir, y salvo Chevron, las demás, quemadas por las expropiaciones y por la falta de estado de derecho, no han pasado de memorandos y cartas de intención. Con una carta de intención no se perfora un solo pozo ni se financia una transición, por lo que Washington se ve obligado a buscar otros caminos para reunir esos recursos en medio del deterioro institucional venezolano.

A ese obstáculo se suma otro del que poco se habla, y es que sin electricidad no hay recuperación petrolera posible. Los pozos, las bombas y las plantas funcionan con energía, y el sistema eléctrico nacional, tanto en la generación como en la distribución, está tan deteriorado que hoy no alcanza ni para las casas de los venezolanos, que sufren apagones cada vez más largos. Los especialistas estiman que ponerlo en pie costará entre quince mil y cuarenta mil millones de dólares, una inversión que no se hizo durante años de abandono. Los recursos destinados al mantenimiento de las plantas y de las redes no siempre se aplicaron a los fines previstos, como ha ocurrido también con otros fondos de la nación. Así, cada barril adicional que se quiera producir exige primero encender la luz, y esa cuenta también tendrá que pagarse con recursos venezolanos.

Aquí se cierra el círculo del argumento, porque el capital no llega donde la ley no se cumple, y la ley no se cumple sin ciudadanos que la hagan valer. La administración de Donald Trump ha sido decisiva para romper el cerco, pero su tiempo en el poder es limitado y sus prioridades declaradas son la seguridad energética y los negocios, no la reconstrucción de nuestras instituciones. Ningún gobierno extranjero, por amigo que sea, va a sentarse en nuestros tribunales, a contar nuestros votos o a vigilar a nuestros funcionarios cuando se apaguen los reflectores. Esa tarea, la más ardua y la menos vistosa, nos toca a nosotros, los venezolanos, únicos dueños legítimos de la soberanía. Si esperamos que otros nos devuelvan el país envuelto para regalo, descubriremos tarde que una libertad recibida de afuera se pierde con la misma facilidad con que se obtuvo.

Tampoco podemos ignorar que los miembros del gobierno actual no administraron debidamente los fondos del país en las últimas dos décadas, y que muy probablemente los intentarán usar para mantener su influencia en los círculos de poder una vez que se concrete la transición. Frente a esa chequera personal que posee el oficialismo, y particularmente la administración de Delcy Rodríguez, se encuentran los partidos democráticos, que deben financiarse de manera privada, con aportes modestos y en medio de una gran incertidumbre, lo que hace todavía más valioso el compromiso desinteresado de cada ciudadano.

Por eso los partidos políticos son el cauce natural para este esfuerzo, ya que en una república no son clubes de amigos ni maquinarias de reparto, sino escuelas de ciudadanía y vehículos de representación. No se logra nada siendo un guerrero del teclado que despotrica en las redes desde el sofá y cree que un mensaje indignado equivale a una acción política. Hay que echarle pichón en persona, asistiendo a las reuniones, recorriendo las parroquias, formando testigos de mesa y conociendo al vecino por su nombre. Se trata de conformar equipos integrados por ciudadanos comprometidos a aportar su talento e integridad, cuyo interés en la política sea el bien común y no las prebendas, el clientelismo o las cuotas de poder. Quien llega a la causa pública buscando remuneración termina repitiendo los vicios de quien dice combatir, mientras que quien llega por convicción construye algo que lo sobrevive.

Poco recordará la historia lo que aquí se escriba, pero jamás podrá olvidar lo que los venezolanos hagamos en esta hora. Le corresponde a esta generación, que aún conserva la oportunidad de actuar, consagrarse a la obra inconclusa por la que tantos compatriotas sufrieron cárcel, exilio y muerte. Honrar a los presos políticos, a los caídos en las calles y a los millones que se fueron exige, más que lamentos, constancia, organización y coraje. Que esa memoria nos dé el guáramo para resolver, aquí y ahora, que tanto sacrificio no habrá sido en vano. Solo así esta nación, bajo Dios, tendrá un nuevo nacimiento de libertad, y la república de los ciudadanos, hecha por ellos y para ellos, no desaparecerá de nuestra tierra.

Alonso Maldonado Blaubach, Coordinador de Finanzas del Movimiento Republicano. Profesional del seguro con más de tres décadas de experiencia en el mercado venezolano, fue Presidente de C.N.A. de Seguros La Previsora y de Seguros Los Andes. Es egresado en Ingeniería de Northeastern University, Boston. 

https://www.movimientorepublicano.org

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Republicano_(Venezuela)